Condenados a mejorar la sociedad
12.02.10 - 01:18 - ALICIA NEGRE | MURCIA.
Cerca de un millar de penados por delitos de tráfico saldan su cuenta con la justicia cursando un taller de seguridad vial
Prisiones logra reducir a la mitad las penas a trabajos comunitarios pendientes, que rondan las 3.000
Durante el pasado mes de enero se ejecutaron más penas de este tipo en la Región que durante todo 2008
Los jueces murcianos dictan unas 400 penas de este tipo al mes.
El 85% de los penados cumplen condena por delitos relacionados con la seguridad vial
Sobrepasar los límites de velocidad, ir 'bebido' al volante, conducir sin tener carné... El endurecimiento del código de tráfico ha convertido en delito conductas que antes no lo eran y, con ello, ha disparado el número de penas de trabajos en beneficio de la comunidad (TBC). Un 85% de las personas que cumplen medidas de este tipo en la Región lo hacen por delitos de tráfico. Los jueces murcianos dictan actualmente unas 400 condenas de este tipo por mes. Hasta hace unos meses, las cifras rondaban las 700 mensuales. Este ritmo frenético, sin embargo, no encontró sustento en el número de plazas y ahí surgió el problema. Un atasco que se tornó insostenible y que ha obligado a Instituciones Penitenciarias a trabajar muy duro. Un esfuerzo que ya comienza a dar sus frutos. En los últimos siete meses, Prisiones ha logrado reducir el atasco de penas pendientes a la mitad.
«Estamos tratando de poner en marcha primero las de menos de 30 días, que prescriben antes. Ésas ya se están llevando a cabo», explica Francisco Marín, director del centro penitenciario de Sangonera la Verde. Actualmente, en la Región se encuentran pendientes de cumplimiento o en fase de tramitación cerca de 3.000 penas de TBC. Una cifra muy alejada de las 6.596 penas que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) puso sobre la mesa a finales de mayo del pasado año. La situación forzó una reunión entre la Delegación del Gobierno, el TSJ y la Federación de Municipios. En aquella fecha, sólo una de cada cinco condenas de trabajo a la comunidad dictadas por un juez se cumplía.
El ritmo de cumplimiento de este tipo de medidas, sin embargo, ha ido aumentando progresivamente a lo largo de los últimos años y está logrando aliviar, poco a poco, las tasas de pendencia. En 2008 sólo se cumplieron en la Región 637 penas de este tipo, frente a las 2.402 que se ejecutaron el año pasado. Este año las cifras siguen mejorando. A 31 de enero eran ya 650 las personas que habían podido saldar su cuenta con la justicia.
Un fuerte empujón
El verdadero empujón a las TBC, sin embargo, ha venido de la mano de un convenio que Instituciones Penitenciarias firmó a mediados del pasado año con la Fundación Blasco Ibáñez y que ha empezado a materializarse este mes en la Región. Cerca de un millar de penados, todos ellos por delitos de tráfico, han comenzado a cumplir su pena estas semanas a través de un taller de seguridad vial que se prolongará varios meses, explica Marín. Éste se lleva a cabo, desde comienzos de febrero, en el centro social de la Universidad de Murcia (UMU) y lo realiza la citada fundación, especialista en seguridad vial.
«La ley dicta que la pena debe ser afín al delito cometido y nosotros lo que tratamos es de sensibilizar a la gente sobre los motivos que les han traído hasta aquí», explica Vicente Andrés, presidente de la Fundación Blasco Ibáñez. Esta experiencia ya se ha llevado a cabo, anteriormente, en la Comunidad Valenciana, donde esta fundación está afincada. «Nuestra idea es que salgan de aquí con el chip cambiado».
La fundación varía la temática que se aplica al penado dependiendo del delito que la persona cometiera. En estos talleres convergen personas que fueron condenadas por superar los límites de velocidad en más de 60 kilómetros por hora en ciudad o en 80 km/h en carretera, por dar positivo en alcoholemia o drogas al volante o por conducir sin carné -porque nunca lo tuvieron o porque éste les fue retirado- , entre otros tantos delitos.
Las penas de trabajo en beneficio de la comunidad no son impuestas, solamente, por delitos de tráfico. «Hay un porcentaje, menor pero también importante, de asuntos relacionados con la violencia de género, pero suele tratarse de cosas leves, faltas», explica Marín. Estas personas pueden cumplir su pena en asociaciones o entidades públicas. «Hemos firmado convenios con federaciones de asociaciones de vecinos, con algunas ONG y con Facua Consumur», desgranó el director de la prisión. La legislación especifica, sin embargo, que estos trabajos deben ser facilitados «por la Administración estatal, autonómica o local». Una labor en la que aún quedan cabos sueltos.
El TSJ ya ha solicitado, en varias ocasiones, la colaboración de los ayuntamientos murcianos en la oferta de plazas para el cumplimiento de este tipo de penas. La última llamada de atención la hizo en la reunión que mantuvo, en mayo de 2009, con la Delegación del Gobierno y la Federación de Municipios. Un encuentro en el que estuvieron presentes el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar; el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, y el presidente de la Federación de Municipios, Miguel Ángel Cámara, además de la subdirectora general de Coordinación Territorial del Ministerio del Interior, Carmen Archanco.
«Los grandes nos preocupan»
Muchos de los ayuntamientos murcianos respondieron a la propuesta del TSJ e Instituciones Penitenciarias y, a día de hoy, ya disfrutan de los muchos servicios que estas personas pueden realizar. El mejor ejemplo de ello es Molina de Segura, cuya amplia colaboración ha agradecido personalmente la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, durante su visita al municipio.
Otros consistorios, sin embargo, se han retrasado más en su atención a la llamada y, a día de hoy, todavía no ofertan plazas de TBC. «Son los grandes los que más nos preocupan», reconoce Marín. Es el caso de Murcia y Lorca que ayer aseguraron a 'La Verdad' que están en fase de tramitación para poder aprovechar esta posibilidad. Ninguno de ellos aportó, sin embargo, una fecha concreta.