A. RALLO| VALENCIA

"Las penas se cumplen. Nadie va a dejar de cumplirlas. Al que le toque trabajar 30 fines de semana lo va a hacer." Así de rotunda se mostró ayer Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, tras la firma de un convenio para que se materialicen las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad.

Estas penas consisten en realizar tareas de utilidad pública o con un fin social. Siempre sin remuneración. Ejemplos de esta actividad son limpiar un jardín, pintar una fachada de un edificio público, ayudar a personas mayores en las tareas domésticas o incluso atender a personas en sillas de ruedas víctimas de accidentes.

Este tipo de condenas se aplican, en su mayoría, a los conductores infractores. El número de sentencias relacionadas con la seguridad vial no deja de crecer. Sólo en lo que llevamos de año, los condenados a estas penas superan el millar.

Se trata, en una gran cantidad de casos, de delitos relacionados con positivos en alcoholemias o conducir sin tener el carné. El juez, aparte de otras medidas, suele permutar la pena de prisión con los Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC).

Pero de la condena al cumplimiento, los responsables de Instituciones Penitenciarias se encuentran con un problema. Faltan plazas. Gallizo no concretó ayer de cuántas plazas se dispone actualmente ni cuántas serían necesarias. "Es muy complicado", reconoció respecto a la última cuestión.

No obstante, matizó que una plaza puede ser ocupada por varios infractores a la vez. "Una condena se puede completar en diferentes días o incluso con diferente horario". Pero, incluso así el número de plazas resulta insuficiente. LAS PROVINCIAS publicó el pasado mes que en la provincia de Valencia existían alrededor de medio millar de plazas. Pero la lista de espera ascendía a 2.000 personas.

La diferencia entre ambos datos ofrece una demora en cumplir la pena que ronda los siete meses, según fuentes de Interior. Por eso, la mayoría del millar de condenados en 2009 no habrá empezado todavía a cumplir su condena. Las mismas fuentes ya advirtieron del peligro: "Las penas de 30 días caducan al año".

De ahí que el mensaje que lanzó ayer Gallizo durante su comparecencia ante los medios no fuera casual. Ningún infractor puede pensar ni por un momento que quizá se libre de pagar su deuda con la sociedad.

El convenio que se firmó ayer en Delegación de Gobierno con la fundación Blasco Ibáñez -nada tiene que ver con la obra del escritor- es importante. La institución ofrecerá unas doscientas plazas todos los meses. "Se trata de talleres de sensibilización y participación en asuntos de seguridad vial", explicó el gerente, Vicente Andrés.

La colaboración de esta fundación con Instituciones Penitenciarias se remonta a hace unos meses de manera experimental. "A ver cómo funcionaba". Y los resultados son esperanzadores. "La aceptación supera el 90%", destacó el responsable.

Se trata de un tipo de Justicia, que Gallizo definió como "reparadora". La responsable definió el calificativo: "Quien ha hecho daño a la sociedad, con un pequeño delito, además de cumplir la pena que se le imponga, tiene que adquirir la conciencia de que tiene que reparar el daño".

La necesidad de plazas se mantiene pese a la firma del convenio. El problema es conocido por todos los responsables de Instituciones Penitenciarias. Por esta razón, la máxima dirigente no dudó en realizar un llamamiento "a los agentes sociales".

Los aludidos, todos aquellos que puedan ofrecer una posibilidad para cumplir estas penas. Desde Ayuntamientos a oenegés, pasando por instituciones o fundaciones. Implicación. "El cumplimiento de esta pena tiene que construirla la propia sociedad", subrayó Gallizo.

Y dio dos claves para que todos ellos se animen a ofrecer puestos a este tipo de personas. Una -quizá la más importante- es que los penados "son personas normalizadas, como cualquiera de nosotros".

Se trata de ahuyentar el estigma que por norma general recae sobre cualquier condenado. Pero, la realidad es que cualquier persona puede engrosar los detenidos por una infracción de seguridad vial. "Ciudadanos con una profesión en su vida normal", insistió Gallizo.

Y el segundo de los apuntes es la cantidad de trabajos que pueden desempeñar los afectados. "Tantos hasta donde llegue la imaginación". Así, entre ellos, citó como ejemplos tareas relacionadas con el medio ambiente, con el mantenimiento o limpieza de zonas verdes e incluso la atención a personas de edad avanzada.

Desde la reforma de la Ley de Seguridad Vial y del Código Penal, unas 80.000 personas han sido condenadas en España a TBC. La secretaria general de Instituciones Penitenciarias indicó que por ahora no puede evaluarse el grado de efectividad de estos programas de reinserción, pues es "demasiado pronto" para comprobar la reincidencia.

La modificación de un Real Decreto a finales del año pasado introdujo una novedad en el cumplimiento de este tipo de condenas. Se trata del alta en la Seguridad Social de los condenados. Anteriormente debía encargarse de la tramitación la propia entidad. Además de pagar la cuota. Ahora todo el trámite lo asumen desde el Ministerio del Interior.

http://www.lasprovincias.es/valencia/20090325/tema-dia/valencianos-condenados-tres-meses-20090325.html